Obras huérfanas (II)

Firma invitada: Raquel Xalabarder Plantada
Profesora de los Estudios de Derecho
Universitat Oberta de Catalunya

Raquel Xalabarder Plantada es Doctora en Derecho por la UB con la tesis “La protección internacional de la obra audiovisual” (1997) y obtuvo un Master of Laws de la Columbia University Law School de Nueva York (1993). Desde 1997 es profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

Nota del editor: este post viene de Obras Huérfanas (I)

Por supuesto, siempre nos queda la vía que propone *5 la Federación Internacional de Entidades de Derechos de Reproducción (IFRRO) –a la que pertenece la española CEDRO-, a favor de la adopción de acuerdos voluntarios entre titulares de derechos y usuarios, la definición de guías de buenas prácticas para identificar y localizar titulares, la creación de bases de datos con información sobre obras huérfanas, la inclusión de metadatos en los contenidos digitales, etc.

No obstante, aunque podríamos esperar que las entidades de gestión –como titulares de derechos de los respectivos autores- adoptaran medidas para solucionar este problema (por ejemplo, ofreciendo una licencia que autorizara el uso de la obra huérfana, con la remuneración establecida en sus respectivas tarifas generales y asumiendo directamente la responsabilidad frente a cualquier reclamación por parte de los autores de tales obras), su actual reticencia es perfectamente comprensible ya que se trata de un problema que les es ajeno (por norma general, estos autores desconocidos o ilocalizables no están asociados a tales entidades de gestión -de estarlo, ya no se plantearía el problema!).

Además, basta con tener en cuenta la mala imagen que tienen las entidades de gestión entre la sociedad, en general, para entender que ninguna de ellas quiera defender lo que sería percibido como un “nuevo canon” que supondría, además, un “cobro indebido”, por repertorio que no gestionan y que difícilmente será liquidado a los respectivos autores y titulares (quizás la entidades de gestión estén en mejor posición que el usuario para identificar o localizar al autor o titular de una obra huérfana, pero ello no asegura el éxito en todos los casos).

Por todo ello, quizás la solución más lógica sería la introducción de una excepción el la ley de propiedad intelectual que permitiera el uso de obras huérfanas. Esta fue justamente una de las enmiendas presentadas en la tramitación parlamentaria de la Ley 23/2006, de 7 de julio, de reforma de la LPI.

La enmienda *6, que no llegó a prosperar, proponía una excepción a favor del uso de obras huérfanas sin autorización de su autor, dejando que fuera el Gobierno –mediante reglamento- quien estableciera las condiciones para el ejercicio de tal excepción; por ejemplo, asegurar que se trata de una obra verdaderamente “huérfana” (y que el usuario ha llevado a cabo acciones diligentes para localizar al titular, sin éxito) y que la obra no es inédita (para evitar infringir el derecho moral de divulgación), determinar si tal uso debería ser gratuito (como son la mayoría de excepciones legalmente establecidas) o quedar sujeto a una remuneración (como si se tratara de una licencia obligatoria) y, en tal caso, ¿cuál sería la cantidad correcta? ¿quién recaudaría -y como se repartirían- tales pagos? En resumen, una solución tampoco exenta de problemas pero que, cuanto menos, pretendía dar un primer paso para colmar el vacío legal existente.

A mi entender, es tarea del legislador asegurar que la ley de propiedad intelectual establece los mecanismos necesarios para proteger el interés de los autores y del público en general, siendo imposible satisfacer el uno en detrimento el otro. La problemática de las obras huérfanas aparece como un claro paradigma de esta necesidad de equilibrio. ¡Sólo nos cabe esperar que nuestro legislador sepa estar a la altura!

*5: http://www.ifrro.org/upload/documents/ IFRRO%20Statement%20on%20Orphan%20Works%20May%202007.pdf

*6:“Art.40bis(2): Las obras consideradas obras huérfanas, aquellas de las que no ha resultado posible localizar a los titulares de los derechos de explotación después de una búsqueda legítima, podrán ser utilizadas sin autorización previa de acuerdo con las condiciones que se fijen reglamentariamente” [Enmienda n.49, presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), BOCG #53, Senado, Serie II, de 21 de Abril de 2006].

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